Por Marcela Leopo Flores

Al rendir su IV informe de actividades, el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, destacó la aceptación de todas las Recomendaciones; el cumplimiento de 17 resoluciones en materia de reparación de daños (siete de ellas Recomendaciones y diez conciliaciones), mediante las cuales se restituyó a las personas agraviadas 1 millón 290 mil 444 pesos por los perjuicios causados; así como el inicio de 169 procedimientos administrativos y 40 averiguaciones previas en contra de los servidores públicos involucrados en las violaciones de derechos humanos.

Álvarez Cibrián informó que en el 2010 se recibieron 12 mil 118 quejas por presuntas violaciones de derechos humanos y se resolvieron 11 mil 124, de las que 392 fueron conciliadas. También se ofrecieron 9 mil 294 orientaciones jurídicas; se atendieron 395 casos de violencia intrafamiliar que fueron canalizados a las instituciones competentes y se dictaron 905 medidas cautelares para evitar la consumación irreparable de violaciones de derechos humanos.

Reveló que el esfuerzo para abatir el rezago proveniente de gestiones pasadas ha dado frutos, pues para el cierre de 2010 solo quedó pendiente de resolver 1.86 por ciento de las quejas recibidas en 2009 y 8.2 por ciento de las de 2010. Explicó que esto habla de una mayor celeridad en su resolución.

El presidente de la CEDHJ recordó que la seguridad pública es una de las funciones de las que más quejas recibe el organismo, aunque aclaró que disminuyeron en alrededor de 8 por ciento las presentadas en contra de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, en comparación con 2009, sin contabilizar las inconformidades colectivas. La Procuraduría de Justicia continúa a la cabeza en la lista de autoridades más señaladas, con 636 quejas, ya que aunque la Secretaría de Seguridad Pública acumuló 2 619, la mayoría fueron presentadas en grupo por un solo hecho.

Dijo que los altos mandos de la seguridad pública deben preocuparse por la actuación de sus elementos, cuestionarse constantemente acerca de la atención que brindan a todas las personas y cuidar que no atenten contra su integridad física y psicológica. Puntualizó que con cada abuso de poder la autoridad pierde legitimidad y disminuye el respeto que los ciudadanos deben tener hacia ella.

El titular de la CEDHJ informó sobre las quejas por probables prácticas de tortura reclamadas contra policías investigadores: en 2008 se recibieron 14; en 2009 fueron 31 y en el año en que se informa, 16. Aun cuando estas cifras se encuentran muy por debajo de la media de los últimos diez años, que es de 93, cualquier cantidad de señalamientos genera intranquilidad.

Destacó la necesidad de poner en marcha mecanismos para vigilar la actuación de los oficiales, y apercibirlos de que al practicar sus investigaciones recurran a métodos científicos y profesionales, y no a la aplicación sistemática de los golpes, las agresiones verbales, la tortura física y psicológica y cualquier otra clase de maltrato.

En este sentido, reiteró enérgicamente que la seguridad pública no debe ser un pretexto para efectuar acciones violatorias de derechos humanos, no obstante el vertiginoso crecimiento de la delincuencia organizada. Pidió no olvidar que, según lo consagra la Constitución, la actuación de las instituciones de seguridad pública deben regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Mención especial mereció el trabajo de defensa de los grupos vulnerables. En materia de derechos de la niñez y adolescencia se emitió un pronunciamiento ante la falta de centros para el internamiento y atención de menores de edad con tendencia suicida; medidas cautelares para proteger a quienes se encuentran en albergues y laboran en campos agrícolas, y ocho Recomendaciones en las que se acreditaron dos casos de abuso sexual e irregularidades que incidieron en el fallecimiento de dos menores de edad.

Aunque reconoció el profesionalismo de los maestros que se entregan a su profesión, el ombdusman informó que se atendieron casos de violencia y abuso sexual ejercidos sobre los educandos por aquellos profesores que aún imponen la disciplina dentro de un ambiente de hostilidad y transgresión de derechos humanos. Por ello, hizo un llamado a la Secretaría de Educación para que siga fortaleciendo la colaboración institucional en aras de una mejor educación para las niñas, niños y adolescentes.

También le pidió al Consejo Estatal de Familia que replantee su postura y garantice los derechos de los menores de edad, ya que ha incumplido las Recomendaciones 3/08 y 34/09 y de forma reiterada ha ignorado las peticiones de este organismo, consistentes en que informe sobre los avances en relación con la aprobación del Reglamento Interior del Consejo.

Álvarez Cibrián subrayó el logro de la Comisión al conseguir que autoridades del Sistecozome y de Guadalajara se comprometieran a generar políticas públicas para beneficiar a personas con discapacidad, adultos mayores y gente pequeña.

Reconoció la sensibilidad que el ayuntamiento tapatío ha demostrado para trabajar a favor de personas con discapacidad, pues la aceptación de conciliaciones en beneficio de este grupo habla de un compromiso con sus derechos humanos. Sin embargo, el ombudsman subrayó que el haber aceptado y no cumplido la conciliación de la queja 7566/09, relativa a la reparación del daño a una persona con discapacidad que cayó en una zanja, producto de las obras de reparación efectuadas en el centro histórico, no concuerda con su actuar, por lo que demandó la intervención del presidente municipal para que de forma inmediata indemnice al agraviado

Sobre el respeto a la diversidad sexual, señaló que se dio un paso fundamental al convocar y reunir a corporaciones de seguridad pública y líderes de organizaciones de la sociedad civil con el fin de eliminar el abuso y la discriminación y fomentar la cultura de la denuncia. Advirtió que este organismo dictará cuantas medidas cautelares sean necesarias para garantizar la libertad y la integridad física y psíquica de esta comunidad.

El trato indigno y degradante que se da a las mujeres en el ingreso a un reclusorio y una cárcel municipal generó dos resoluciones que provocaron la suspensión inmediata de esas revisiones y el compromiso de adquirir tecnología necesaria para la detección de sustancias y objetos prohibidos. Otra Recomendación documentó detenciones arbitrarias y abusos en contra de las mujeres que se dedican al sexoservicio.